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Greenpeace presentará también alegaciones al proceso abierto sobre la idoneidad de las candidaturas seleccionadas por Industria
29 marzo 2010
Cementerio nuclear
España — La Audiencia Nacional, en una resolución del 23 de marzo, ha emplazado a Greenpeace a que presente la demanda que anunció contra la resolución de la Secretaría de Estado de Energía relativa a búsqueda de candidatos para alojar el cementerio nuclear centralizado (ATC). A finales del pasado mes de febrero, Greenpeace y Ecologistas en Acción anunciaron la interposición de un recurso para impugnar dicha resolución sobre el ATC.
El proceso de búsqueda de emplazamiento para el cementerio nuclear iniciado por el Ministerio de Industria y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA, que depende del propio Ministerio) se ha caracterizado por su falta de transparencia, por la ausencia de mecanismos de participación pública, por la actuación a espaldas de los ciudadanos y por la búsqueda de candidatos, que se ha negociado en secreto.
En este sentido, el proceso puede considerarse ilegal pues vulnera claramente los principios jurídicos de acceso a la información y participación del Convenio de Aarhus algo que
ya ha sido reconocido explícitamente por el Parlamento de Cataluña, en su resolución contraria a la instalación del cementerio nuclear en Cataluña aprobada el pasado 11 de marzo, con los votos a favor de PSC-PSOE, CiU, ERC y ICV, y ningún voto en contra.
Alegaciones a las candidaturas seccionadas
Por otra parte, Greenpeace ha finalizado las alegaciones que enviará al secretario de Estado de Energía, Pedro Marín Uribe (quien a su vez es el presidente de la Comisión Interministerial para la selección del emplazamiento del ATC y su centro tecnológico), tras la apertura el pasado 6 de marzo de un periodo de alegaciones sobre la idoneidad de las nueve candidaturas actualmente existentes para albergar el cementerio nuclear.
Greenpeace entiende que, además del incumplimiento del convenio de Aarhus, el Ministerio también ha obviado los derechos reconocidos en la Ley 33/2007, de 7 de noviembre, de reforma de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear tanto en el preámbulo como en el articulado.
Además, Greenpeace añade que, a pesar de haber transcurrido más de dos años desde la aprobación de la modificación de la citada Ley de Seguridad Nuclear, no se ha constituido el Comité Asesor de Seguridad Nuclear que la propia Ley prevé como un mecanismo de participación de gran relevancia, y todo ello a pesar de haberse presentado por Greenpeace varias reclamaciones. Todo ello implica la nulidad de pleno derecho del procedimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
“Pedimos al presidente Zapatero que haga un ejercicio de sensibilidad democrática y paralice este proceso de búsqueda de candidatos para el cementerio nuclear, que sólo ha generado rechazo social y territorial y un enorme grado de crispación en los municipios candidatos y las comarcas afectadas”, ha declarado Carlos Bravo, responsable de la campaña de Energía Nuclear de Greenpeace.
La organización ecologista recuerda que todas las comunidades autónomas en las que se encuentran los municipios que han presentado su candidatura al Ministerio de Industria han mostrado ya su rechazo a albergar en su territorio ese cementerio nuclear.
Ante ese rotundo rechazo territorial al proyecto del ministro Miguel Sebastián de construir un cementerio nuclear centralizado, sumado al rechazo social que ha generado el proyecto, Greenpeace considera que el proceso emprendido por el Ministerio de Industria se puede ya considerar como un fracaso.
Nota: El convenio de Aarhus reconoce el derecho al acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Fue elaborado en Aarhus (Dinamarca) el 25 de junio de 1998, ratificado por España mediante instrumento de 15 de diciembre de 2004 y en vigor en nuestro país desde el 29 de marzo de 2005.
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